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Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural.

Resumen en español

Este libro es un enorme esfuerzo de investigación transdisciplinaria, y se destaca tanto por su complejidad, como por su pertinencia para responder a los problemas acuciantes de la región y es, verdaderamente, un aporte para su conocimiento, para la metodología de los estudios territoriales y la elaboración de las políticas públicas, privadas y comunitarias relacionadas con el territorio. Es una amplia y comprometida tarea académica que asume los retos de la territorialidad y de la territorialización en diálogo con la gente que la habita y la realiza. Este compromiso recorre todo el libro y la labor emprendida por un equipo que proviene de distintas disciplinas, como la antropología, ciencias agropecuarias, ingeniería ambiental, acuicultura, ciencias ambientales, biología y microbiología, gestión del riesgo, economía y desarrollo económico, matemáticas y estadística, actuariado, etc., investigación realizada dentro del marco de la Convocatoria 748 de COLCIENCIAS. Destaco, en este prólogo, tres aspectos fundamentales que contribuyen al estudio del territorio: la amplitud de los factores y fuentes considerados para abordarlo, la metodología que no sólo condiciona la construcción de los datos sino, en consonancia, la propuesta teórica transdisciplinar –y al revés– con la que, como equipo, operan en la investigación, así también se destaca la articulación de los campos académicos con las problemáticas sociales, culturales y políticas, en un mismo proceso conjunto. Como corolario, se observa, en la formulación de “lineamientos” y “actividades”, una intención política, en el sentido de aportar a mejorar al ordenamiento territorial. Así pues, este equipo integrado por Alexis Carabalí Angola, Martha Ligia Castellanos Martínez, David Alexander Robles Chavez, Raimar Joel Isaza-Delgado, Rosario Anaya-Zabala, Alcides Daza Daza, Adrian Radillo Cotes, Haroldo De Luquez Viloria, Dainer Gutiérrez Vergara, Rubén Dario Tapias Chica, Kiana Valbuena Mejía, Katherin Pérez Mendoza, Anne Oduber Peñaloza, Yolmis Nicolás Rojano Alvarado, Rafael Meléndez Surmay, autores de diferentes capítulos, provienen de distintos agrupamientos institucionales de investigación: Grupo de Investigación Territorios Semiáridos del Caribe y Grupo de Investigación BIEMARC, de la Universidad de La Guajira, y Grupo de investigación Innova y Emprende del SENA, quienes colaboran para este inusual e importante logro académico, intelectual y social, bajo el proyecto denominado “Lineamientos para el ordenamiento territorial costero y marino del departamento de La Guajira desde la diversidad cultural”. Un eje articulador de la metodología de investigación asumido en el estudio, y que vertebra un enfoque que enfatiza elementos de poder y resistencia (De Certeau, 1996; Raffestein, 1980; Guatari, 1996), es el que contrasta el quehacer cotidiano de las comunidades –”territorialidad intrínseca”, la denominan– versus la planificación y ordenamiento territorial que realizan las entidades públicas, de cuya interrelación surgen las contradicciones y conflictos que afectan a las poblaciones, como bien lo señalan en las primeras páginas: “La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, busca organizar el territorio de “arriba hacia abajo”, imponiendo una serie de normas que desde el punto de vista del legislativo son convenientes para el funcionamiento administrativo y planificado de la Nación colombiana (LOOT, Ley 1454 de 2011). Sin embargo, como sus críticos lo señalan, no atiende realmente al manejo del “bien común”, es decir, lo que favorece a todos los colombianos, sino que desarrolla aspectos que le importan preferencialmente a los inversionistas y a los dueños de las actividades económicas dando ventajas territoriales importantes, o causando perjuicios evidentes a los intereses regionales, contrariando normas que ya estaban estatuidas en la Constitución de 1991 y que eran de obligatorio cumplimiento”. Así, esta investigación, según los autores, se propone contrastar y analizar las “propuestas de ordenamiento del Estado, frente al saber ancestral de sus culturas y las propuestas de soluciones a sus propios problemas”. Lo anterior no se emplaza en una suerte de romanticismo arcaísta, sino pretende contribuir a “propiciar los cambios que sean necesarios para mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos y la posibilidad de satisfacer al menos sus necesidades básicas y monetarias más urgentes por sus propios medios y formulando sus proyectos de vida y sus propios proyectos comunitarios de ordenamiento para su propio desarrollo.” Es éste un enfoque que posibilita negociar los intereses a diferente escala, única manera de resolver el conflicto entre lo local, regional, nacional y global y de prevenir conflictos violentos, que se justifican precisamente en la ausencia de conocimientos y diálogo. Este enfoque se confronta, por ejemplo, con aquello que ellos señalan: “… … el Estado ha planteado en numerosas ocasiones que los derechos comunitarios a la consulta previa se han vuelto un problema para el desarrollo de las actividades extractivas”. Un componente metodológico básico es el de escala, instrumento ineludible en los estudios del territorio, por ello, al incorporar a la comunidad en las diferentes fases de la investigación señalan, por ejemplo, que “lo que cambia la visión simple del extractivismo a ultranza, por una visión desde la complejidad en su relación comunidad-naturaleza, muy diferente a la relación empresa-recursos, que simplemente depende de la existencia de las materias primas (carbón, petróleo, sal, etc.) o de los servicios prestados (puertos, transporte férreo y de carretera, etc).” La comunidad no sólo participa como sujeto pasivo durante la fase del trabajo de campo, sino en talleres donde se les presenta los resultados del estudio donde señalan sus puntos de vista los propios pobladores, reflexionando sobre su rol y sobre los agentes externos que operan en diferentes escalas. Teniendo como referente al departamento de la Guajira, se planean dos grandes zonas de estudio que, congruente con el Proyecto, se caracteriza por la articulación de lo cultural con lo ambiental: 1. Entre Palomino (Municipio de Dibulla), hasta Riohacha, ubicada en la denominada zona de la “Línea Negra”, donde se halla el territorio sagrado para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Wiwa, Kankuano y Arhuaco), con siete sitios simbólicos dedicados al ritual a sus deidades. Aquí se traslapan con la zona habitada por grupos negros que comprende las localidades de Camarones, Perico, La Punta de los Remedios y Dibulla, y también con la zona mestiza en inmediaciones de Riohacha y la zona wayuu al sur de Riohacha en las rancherías de Chentico, Las Delicias, Puerto Caracol y el Ahumao, las Cachacas, entre otras. Este territorio constituye la zona de mayor diversidad cultural. 2. La segunda es la zona norte, es exclusivamente wayuu y comprende desde el norte de la ciudad de Riohacha hasta el extremo norte de la península en el límite con Venezuela en la bahía de Cocinetas. Así se observa un ordenamiento tradicional diverso al sur y unitario al norte, donde se desarrollan las diferentes actividades económicas y culturales como el comercio, la pesca, el turismo, la minería, la actividad portuaria, termoeléctrica, artesanal, agricultura, ganadería y actividades festivas y sociales, que en conjunto, por las actividades de los actores, articulan y diferencian las subregiones de este territorio.