Publicación: Incapacidad de origen común superior a 180 días en el sector privado
Portada
PDF 
FLIP Citas bibliográficas
Gestores Bibliográficos
Indexadores
Código QR
Autor corporativo
Recolector de datos
Otros/Desconocido
Director audiovisual
Editor/Compilador
Editores
Tipo de Material
Fecha
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen en español
Las garantías jurídico-procesales de los sujetos en la relación la boral en Colombia, frente a las incapacidades de origen común del trabajador cuando es superior a 180 días, son objeto de un análisis conceptual, teórico, normativo y jurisprudencial. Este análisis se extiende hasta la realidad representada en las voces de los trabajadores, empleadores, abogados y entidades de segu ridad social como actores en una problemática jurídica cotidiana que refleja la crisis actual de las instituciones. Aquí se evidencia que, pese al esfuerzo plasmado en las fuentes formales del derecho, existe una notable omisión por parte de los responsables de las cargas económicas y asistenciales durante la contingencia de la enfermedad de origen común. Esta omisión aumenta la vulnerabilidad, especialmente en la parte más frágil de la relación laboral, poniendo en riesgo su mínimo vital, su recuperación e incluso su eventual pensión por invalidez. En este orden de ideas, este libro se desarrolla en cuatro capítu los que dan respuesta al objetivo general propuesto en el traba jo de investigación que dio origen a la presente obra. El primer capítulo engloba definiciones de conceptos básicos relativas a la protección del trabajador incapacitado por enfermedad de ori gen común. El segundo capítulo contiene una interpretación de la normatividad colombiana que regula la protección de incapa cidades por enfermedades de origen común. Luego, en el tercer capítulo, se realiza un análisis de la jurisprudencia relevante pro ferida por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucio nal colombiana. Estas entidades establecen los procedimientos a seguir cuando existe una incapacidad de origen común quesupera los 180 días. En el último capítulo, se presentan las voces de los sujetos y las entidades involucradas en la temática, como lo son empleadores, trabajadores, abogados, representantes de entidades de seguridad social, con respecto a las garantías ju rídico - procesales en las incapacidades por riesgo común que exceden los 180 días. Como hallazgos o resultados de la investigación que dio origen al presente libro, se puede destacar que los sujetos de la relación laboral cuentan con garantías importantes ante la contingencia de la enfermedad del trabajador que supera 180 días. Estas ga rantías están fundamentadas principalmente en las normativas y la jurisprudencia que han regulado este aspecto, las cuales se detallan en cada uno de los capítulos desarrollados. No obstante, se considera que las garantías citadas para las par tes del contrato de trabajo no están complemente dadas. Esto se debe a que, especialmente, a partir del día 181 se generan situa ciones que pueden colocar en desequilibrio la estabilidad en la que las partes se encontraban. Por ejemplo, a partir de este térmi no, la carga económica del subsidio de incapacidad pasa a estar a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP). Sin embargo, la norma indica que dicha responsabilidad se genera siempre y cuando se haya emitido un concepto favorable de recuperación por parte de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentre afiliado del trabajador (Decreto 019, 2012). Esto ha significado que, cuando la EPS no emite el concepto de recuperación dentro del término legal o que el mismo se emi te pero no es favorable, se someta al trabajador afiliado a un vaivén entre los entes responsables, aumentando aún más su menoscabo.Otro ejemplo que se puede traer a colación como resultado de la presente investigación, y que en la misma se considera una fa lencia en las garantías jurídico-procesales, es cuando se procede a la calificación de pérdida de capacidad laboral del trabajador y la misma resulta ser inferior al 50%. En este caso, si se siguen generando incapacidades, las cargas económicas por concepto de subsidio de incapacidad no han sido establecidas por la nor ma, sino por la jurisprudencia a través de sentencias de tutelas. A raíz de estas sentencias, el juez constitucional ha obligado a la AFP a seguir cubriendo dicho subsidio de incapacidad. No obstante, esta circunstancia ha sido amparada a través del meca nismo de tutela, lo que implica un análisis necesario de cada caso en particular. Además, es importante señalar que, en caso de no recurrir a esta acción, el afiliado podría quedar desamparado en este asunto. Por último, para traer a colación otros hallazgos de rivados este compromiso investigativo, publicado en la presente obra, se destaca en lo que respecta a la causal para dar por termi nado el contrato de trabajo por justa causa por parte del emplea dor, estipulada en el artículo 62, numeral 15, literal a) del Códi go Sustantivo del Trabajo de Colombia (1950),se establece que, cuando el trabajador tiene una incapacidad superior a 180 días, se genera automáticamente una causal objetiva de terminación de la relación laboral. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han asumido posiciones divergentes (Sentencia de la Sala de Casación Laboral No. 4033 de 2018; Sen tencia SU 049, 2017). Estas posiciones podrían generar inseguri dad jurídica en una u otra parte, según la interpretación que se siga en relación con los temas de estabilidad laboral reforzada en situaciones de debilidad manifiesta (Congreso de la República de Colombia, 1997)
Resumen en inglés
The legal-procedural guarantees of the subjects in the labor rela tionship in Colombia, in the face of the common origin disabili ties of the worker when it exceeds 180 days, is a conceptual, theo retical, normative and jurisprudential analysis, which extends to the reality represented in the voices of workers, employers, lawyers, social security entities, as actors in a daily legal pro blem that reflects the current crisis of the institutions, where it is evident that despite the effort made in the formal sources of law, there is a marked omission by those responsible for the economic and assistance burdens during the contingency of the disease of common origin, which increases the vulnerability especially of the weakest part of the labor relationship, putting at risk their vi tal minimum, their recovery and even their eventual pension for In this order of ideas, the book is developed in four chapters that respond to the o The general objective proposed in the research work that gave rise to this work, as it is in the first chapter, which contains definitions of basic concepts on the protection of the disabled worker due to a disease of common origin; the second chapter concerns an interpretation of the Colombian regulations that regulate the protection of disabilities due to diseases of com mon origin; Then in the third chapter an analysis of the relevant jurisprudence issued by the Supreme Court of Justice and the Co lombian Constitutional Court is carried out, which establish the procedural aspects to follow when there is incapacity of common origin that exceeds 180 days and as the last chapter they are pre-sented voices the subjects and entities involved in the issue such as: employers, workers, lawyers, representatives of social secu rity entities in relation to legal-procedural guarantees in disabi lities due to common risk for more than 180 days. As findings or results of the research that gave rise to this book, it can be noted that the subjects of the labor relationship have important guarantees in the face of the contingency of the worker’s illness that exceeds 180 days, which are mainly sitting in the workplace. norm and jurisprudence that has regulated this aspect, which are detailed in each of the developed chapters; However, it is consi dered that the aforementioned guarantees are not fully given for the parties to the employment contract, since in a special way, from day 181, situations are generated that can place the stability in which the parties could find themselves out of balance, such as For example, when from this term the economic burden of the disability subsidy is in charge of the administrator of the pension fund (AFP), but the rule indicates that said responsibility is gene rated as long as a favorable concept of recovery has been issued for part of the health promoting entity (EPS) to which the worker is affiliated (Colombia P. d., Decree 019, 201 | 2); This has meant that when the EPS does not issue the concept of recovery within the legal term or that it is issued but is not favorable, the affilia ted worker is subjected to a swing between the responsible en tities, increasing their impairment even more. Another example that can be brought up as a result of this investigation and that is considered a flaw in the legal-procedural guarantees is when the worker’s loss of work capacity is classified and it turns out to be less than the fifty%; In this case of continuing to generate disabilities, the economic burdens for disability allowance have not been developed by the norm, but by jurisprudence throughguardianship sentences, from which the Constitutional Judge has forced the AFP to continue to cover said disability subsidy, however this circumstance has been protected through the guar dianship mechanism, which represents a necessary study of each particular case, coupled with the fact that if the member does not use this action, he could be totally helpless in this sense. Finally, to bring up other findings of this investigative commitment pu blished in this work, it is necessary to refer to the grounds for ter minating the employment contract for just cause by the emplo yer provided for in article 62, Numeral 15, literal a) (Colombia P. d., Substantive Labor Code, 1950), which provides that when the worker has a disability greater than 180 days, an objective cause of termination of the employment relationship is automatically generated; However, the Supreme Court of Justice and the Cons titutional Court have assumed parallel positions (SL4033, 2018); (Sentence SU 049, 2017), which could generate legal uncertainty in one or the other part, according to the court that is respected in its interpretation regarding the issues of reinforced job stabi lity in a state of manifest weakness (Congress of the Republic of Colombia, 1997).