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    PublicaciónAcceso abierto
    Incapacidad de origen común superior a 180 días en el sector privado
    (Universidad de La Guajira, 2022) Redondo Medina, Karen Karina; Granados Delgado, Omar de Jesús; Redondo Medina, Clayre Margarita
    Las garantías jurídico-procesales de los sujetos en la relación la boral en Colombia, frente a las incapacidades de origen común del trabajador cuando es superior a 180 días, son objeto de un análisis conceptual, teórico, normativo y jurisprudencial. Este análisis se extiende hasta la realidad representada en las voces de los trabajadores, empleadores, abogados y entidades de segu ridad social como actores en una problemática jurídica cotidiana que refleja la crisis actual de las instituciones. Aquí se evidencia que, pese al esfuerzo plasmado en las fuentes formales del derecho, existe una notable omisión por parte de los responsables de las cargas económicas y asistenciales durante la contingencia de la enfermedad de origen común. Esta omisión aumenta la vulnerabilidad, especialmente en la parte más frágil de la relación laboral, poniendo en riesgo su mínimo vital, su recuperación e incluso su eventual pensión por invalidez. En este orden de ideas, este libro se desarrolla en cuatro capítu los que dan respuesta al objetivo general propuesto en el traba jo de investigación que dio origen a la presente obra. El primer capítulo engloba definiciones de conceptos básicos relativas a la protección del trabajador incapacitado por enfermedad de ori gen común. El segundo capítulo contiene una interpretación de la normatividad colombiana que regula la protección de incapa cidades por enfermedades de origen común. Luego, en el tercer capítulo, se realiza un análisis de la jurisprudencia relevante pro ferida por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucio nal colombiana. Estas entidades establecen los procedimientos a seguir cuando existe una incapacidad de origen común quesupera los 180 días. En el último capítulo, se presentan las voces de los sujetos y las entidades involucradas en la temática, como lo son empleadores, trabajadores, abogados, representantes de entidades de seguridad social, con respecto a las garantías ju rídico - procesales en las incapacidades por riesgo común que exceden los 180 días. Como hallazgos o resultados de la investigación que dio origen al presente libro, se puede destacar que los sujetos de la relación laboral cuentan con garantías importantes ante la contingencia de la enfermedad del trabajador que supera 180 días. Estas ga rantías están fundamentadas principalmente en las normativas y la jurisprudencia que han regulado este aspecto, las cuales se detallan en cada uno de los capítulos desarrollados. No obstante, se considera que las garantías citadas para las par tes del contrato de trabajo no están complemente dadas. Esto se debe a que, especialmente, a partir del día 181 se generan situa ciones que pueden colocar en desequilibrio la estabilidad en la que las partes se encontraban. Por ejemplo, a partir de este térmi no, la carga económica del subsidio de incapacidad pasa a estar a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP). Sin embargo, la norma indica que dicha responsabilidad se genera siempre y cuando se haya emitido un concepto favorable de recuperación por parte de la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentre afiliado del trabajador (Decreto 019, 2012). Esto ha significado que, cuando la EPS no emite el concepto de recuperación dentro del término legal o que el mismo se emi te pero no es favorable, se someta al trabajador afiliado a un vaivén entre los entes responsables, aumentando aún más su menoscabo.Otro ejemplo que se puede traer a colación como resultado de la presente investigación, y que en la misma se considera una fa lencia en las garantías jurídico-procesales, es cuando se procede a la calificación de pérdida de capacidad laboral del trabajador y la misma resulta ser inferior al 50%. En este caso, si se siguen generando incapacidades, las cargas económicas por concepto de subsidio de incapacidad no han sido establecidas por la nor ma, sino por la jurisprudencia a través de sentencias de tutelas. A raíz de estas sentencias, el juez constitucional ha obligado a la AFP a seguir cubriendo dicho subsidio de incapacidad. No obstante, esta circunstancia ha sido amparada a través del meca nismo de tutela, lo que implica un análisis necesario de cada caso en particular. Además, es importante señalar que, en caso de no recurrir a esta acción, el afiliado podría quedar desamparado en este asunto. Por último, para traer a colación otros hallazgos de rivados este compromiso investigativo, publicado en la presente obra, se destaca en lo que respecta a la causal para dar por termi nado el contrato de trabajo por justa causa por parte del emplea dor, estipulada en el artículo 62, numeral 15, literal a) del Códi go Sustantivo del Trabajo de Colombia (1950),se establece que, cuando el trabajador tiene una incapacidad superior a 180 días, se genera automáticamente una causal objetiva de terminación de la relación laboral. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han asumido posiciones divergentes (Sentencia de la Sala de Casación Laboral No. 4033 de 2018; Sen tencia SU 049, 2017). Estas posiciones podrían generar inseguri dad jurídica en una u otra parte, según la interpretación que se siga en relación con los temas de estabilidad laboral reforzada en situaciones de debilidad manifiesta (Congreso de la República de Colombia, 1997)